¿Qué ocurre tras la opa fallida? El fracaso de la opa de BBVA sobre Sabadell reordena el mapa bancario y político español

El hundimiento de la opa hostil del BBVA sobre Banco Sabadell, tras más de 17 meses de tensiones y negociaciones fallidas, ha sacudido los cimientos del sistema financiero español. La baja aceptación de la oferta y el rechazo del consejo de Sabadell han dejado en evidencia la estrategia del presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, que buscaba consolidar la posición del grupo en el mercado doméstico frente a sus riesgos en México y Turquía.

Aunque el banco vizcaíno ha intentado contener los daños anunciando una recompra de acciones por valor de 1.000 millones de euros, analistas del sector consideran que la operación fallida erosiona la credibilidad del liderazgo de Torres. Desde MKP Advisors, firma británica de análisis financiero, apuntan que “BBVA deberá realizar una profunda reflexión interna sobre su estrategia y su dirección futura”.

El fracaso se produce además tras un largo pulso que comenzó en 2021, cuando Torres ya había intentado negociar una fusión amistosa con Sabadell. Aquel intento se frustró por diferencias en la valoración, y tres años después, la vía hostil ha terminado igualmente en derrota. En los mercados, sin embargo, los ADRs del BBVA repuntaron cerca de un 8 % en Nueva York, impulsados por la desaparición del riesgo de una nueva oferta obligatoria y por las expectativas de un mayor reparto de dividendos.

Sabadell sale reforzado y abre la puerta a nuevas alianzas

En el otro extremo, la entidad catalana Sabadell emerge como la gran vencedora del pulso. Su presidente, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González-Bueno, han logrado resistir la presión de un gigante financiero sin perder la confianza del mercado ni del regulador. “La defensa del Sabadell ha sido impecable; ha ganado tiempo y prestigio”, señalan fuentes financieras próximas a la CNMV.

Ahora, el foco se traslada al futuro de la entidad, que busca consolidarse como el cuarto gran banco español, por detrás de CaixaBank, Santander y el propio BBVA. Según fuentes cercanas al consejo, Oliu podría explorar nuevas alianzas o fusiones, con nombres como Unicaja Banco sobre la mesa.

Además, Sabadell mantiene abierta la posibilidad de vender su filial británica TSB, lo que podría liberar hasta 2.500 millones de euros para destinar a un dividendo extraordinario y fortalecer su capital. No obstante, una de las incógnitas internas será la posición del empresario David Martínez, accionista relevante del banco y uno de los pocos que había mostrado disposición a aceptar la opa.

Moncloa gana poder para intervenir en la gran empresa española

El tercer gran efecto del naufragio de la opa se siente en el terreno político. Desde La Moncloa, el Gobierno celebra discretamente el desenlace, que refuerza su capacidad de supervisar e influir en las grandes operaciones corporativas del país.

Fuentes del Ministerio de Economía, dirigido por Carlos Cuerpo, subrayan que el Ejecutivo “ha actuado con prudencia, defendiendo los intereses estratégicos nacionales sin necesidad de intervenir directamente”. Sin embargo, el resultado fortalece la narrativa del Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha demostrado su disposición a participar activamente en compañías consideradas sensibles, como Telefónica, Indra o Talgo.

En el caso de BBVA-Sabadell, el propio ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, había advertido durante el proceso que “las operaciones bancarias de gran escala deben evaluarse desde una perspectiva de competencia y estabilidad del sistema financiero”.

Un punto de inflexión para el sector financiero español

La caída de la opa marca un antes y un después en la reconfiguración del sistema bancario español. El BBVA, obligado ahora a redefinir su estrategia doméstica, buscará reforzar su rentabilidad mediante recompras de acciones y ajustes de capital, mientras que el Sabadell, fortalecido, puede pasar de ser presa a convertirse en actor activo del próximo movimiento de concentración bancaria.

Y en el tablero político, el Gobierno central emerge como árbitro en la pugna entre intereses financieros y soberanía económica. En palabras de un alto funcionario del Ejecutivo, “el mensaje que deja esta operación es claro: ninguna gran transacción en España se decidirá ya al margen del interés público”.