La 'almendra central' de la capital mantiene encendidas las cámaras de control de acceso pero sin fecha para poder multar
El calendario para la entrada en vigor de las cámaras de control de acceso en la 'almendra central 'de León continúa en el aire. Aunque los dispositivos de lectura de matrículas están activos desde el 1 de julio, el Ayuntamiento aún no puede utilizarlos para imponer sanciones.
Los retrasos normativos y la batalla política y judicial en torno a la zona de bajas emisiones (ZBE) han convertido el proyecto en un laberinto administrativo sin fecha de salida.
Una activación fallida en dos intentos
La medida, diseñada por el equipo municipal para restringir el tráfico en calles como San Agustín, Alfonso V, Gil y Carrasco o Ramiro Valbuena, ya había sufrido dos tropiezos: primero, la tentativa de entrada en vigor el 1 de marzo, frustrada por la presión vecinal; después, el nuevo calendario que fijaba el 1 de julio, bloqueado por una resolución cautelar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a petición del Partido Popular.
Alegaciones y pulso político
La nueva ordenanza de movilidad sigue atascada. El pleno de julio amplió el plazo para presentar alegaciones hasta el 12 de septiembre, lo que retrasa al menos hasta noviembre cualquier posibilidad de activar las sanciones.
Aun en el mejor escenario, los plazos de resolución, aprobación definitiva y publicación oficial llevarán el horizonte más allá de final de año, con voces que advierten de que podría no aplicarse hasta 2026.
El PP ha encontrado respaldo en las asociaciones de comerciantes, que reclaman sustituir la peatonalización total por un modelo de "tráfico calmado" limitado a 10 km/h. Se trata de un planteamiento que, según mantiene el PP municipal, fue defendido "por el propio alcalde José Antonio Diez en la campaña de 2019", antes de virar hacia "restricciones más severas".
Cámaras que solo cuentan coches
Mientras tanto, los equipos instalados en las calles del centro funcionan en modo “informativo”. Recogen datos de vehículos que acceden sin autorización, pero no pueden emitir las sanciones de 90 euros previstas para los infractores.
El Ayuntamiento insiste en que el objetivo último es garantizar la seguridad peatonal y proteger el patrimonio urbano, aunque la indefinición de fechas mantiene en vilo a vecinos, comerciantes y conductores habituales de la zona.
