La Junta concede licencia ambiental a la planta de biomasa de Puente Castro, rechaza todas las alegaciones y Somacyl tendrá cinco años para su 'estreno'
La Junta de Castilla y León ha concedido la autorización ambiental para la planta de biomasa de Puente Castro, en el término municipal de León, tras más de un año de tramitación. La resolución a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, fue publicada este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
El proyecto, promovido por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), se enmarca dentro del complejo de energías renovables de la red de calor sostenible de León, un sistema de calefacción urbana o district heating que pretende abastecer de energía térmica a edificios públicos y privados mediante biomasa forestal.
Pese a las alegaciones presentadas por colectivos ecologistas y vecinos del entorno, la Junta ha rechazado las objeciones y ha certificado la viabilidad ambiental de la planta, condicionando su actividad al cumplimiento estricto de las normas sobre emisiones, ruidos y gestión de residuos.
Una planta con 88 MW de potencia y consumo de 128.000 toneladas de biomasa
Según la resolución, la instalación constará de cuatro calderas de 22 MW térmicos cada una, que se implantarán en dos fases hasta alcanzar una potencia total de 88 MWt. En conjunto, la planta podrá producir 352.000 MWh anuales de energía térmica mediante la combustión de 128.000 toneladas de biomasa leñosa (astilla forestal de roble, pino, chopo y encina).
El sistema, que funcionará principalmente durante el invierno, se conectará a la red de calefacción urbana mediante un circuito de agua caliente que circulará a 90ºC de impulsión y 70ºC de retorno, apoyado por un tanque de regulación de 13.000 metros cúbicos para absorber picos de demanda.
El abastecimiento de agua —unos 32.000 m³ al año— procederá de la red municipal, y el consumo eléctrico estimado será de 22.400 MWh anuales, según los datos del expediente.
Impacto ambiental controlado
Los informes técnicos de la Junta señalan que la planta no supera los límites legales de contaminación atmosférica ni acústica, aunque advierten de la presencia de hidrocarburos y otros contaminantes en el suelo y las aguas subterráneas del área industrial donde se ubicará la instalación.
En las analíticas realizadas se detectaron valores por encima de los niveles de referencia para hidrocarburos totales del petróleo, naftaleno y benzo(a)pireno. No obstante, el estudio de riesgos concluye que la afectación para la salud humana es “aceptable” para un uso industrial, y recomienda un control periódico del pavimento y las capas impermeabilizantes para evitar filtraciones.
La Junta también impone a Somacyl la obligación de vigilar las emisiones y residuos generados, y de comunicar cualquier incidente ambiental significativo.
Rechazo vecinal y recurso de Ecologistas en Acción
El proyecto de Puente Castro ha sido objeto de un importante rechazo vecinal desde su anuncio en 2024. Asociaciones vecinales del barrio y grupos ecologistas, encabezados por Ecologistas en Acción León, presentaron alegaciones por el posible impacto en la calidad del aire y por la proximidad a zonas residenciales y escolares.
Aunque su recurso fue estimado parcialmente en agosto —lo que obligó a la Junta a emitir una nueva resolución—, la autorización ahora publicada ratifica la viabilidad del proyecto.
Los colectivos opositores estudian la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al considerar que el expediente “no resuelve adecuadamente las afecciones ambientales ni las alternativas de ubicación”.
Próximos pasos: cinco años para iniciar la actividad
Somacyl dispone ahora de un plazo máximo de cinco años para iniciar la actividad desde la publicación de la autorización. Antes de la puesta en marcha, la empresa pública deberá presentar una declaración responsable y acreditar el cumplimiento de todas las prescripciones técnicas y medioambientales recogidas en la resolución.
Con esta autorización, el Gobierno autonómico avanza en su objetivo de impulsar las energías renovables térmicas y consolidar la red de calor sostenible de León, que prevé abastecer a más de 10.000 viviendas y edificios públicos cuando entre en pleno funcionamiento.
