La Justicia admite la segunda demanda contra la macroplanta de biomasa en León y el proyecto se enquista
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha admitido a trámite la segunda demanda presentada por la Plataforma León Sur contra la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa pública Somacyl para levantar una macroplanta de biomasa en el barrio de Puente Castro, al sur de la capital leonesa.
Esta nueva demanda, de carácter medioambiental, se dirige contra las Órdenes MAV/793/2025 y MAV/560/2025 emitidas por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al considerar que la autorización “vulnera la legislación vigente y supone una amenaza directa para la salud de la población y el medio ambiente”.
“Una planta altamente contaminante disfrazada de verde”
La Plataforma León Sur —que agrupa a los barrios de La Lastra y Puente Castro— ya había interpuesto con anterioridad una primera demanda de tipo urbanístico contra el proyecto regional, cuestionando su tramitación y su impacto sobre el planeamiento de la ciudad.
Según el colectivo, la resolución publicada en el BOCYL del 9 de octubre “repite los mismos errores denunciados durante el proceso de alegaciones”. En palabras de la Plataforma, “la Junta de Castilla y León vuelve a ignorar a los vecinos y autoriza una planta altamente contaminante, disfrazada de verde, que amenaza la calidad del aire, el entorno y la salud de los barrios del sur”.
Críticas a la falta de transparencia y a los intereses económicos
El grupo vecinal denuncia además la falta de transparencia en el proceso y cuestiona la motivación económica del proyecto, que prevé una inversión de 84 millones de euros. A su juicio, la Junta “prioriza el negocio energético por encima del bienestar y la salud pública”.
La Plataforma alerta también de las consecuencias urbanas de las obras: el soterramiento de más de 60 kilómetros de tuberías, lo que —según afirman— “mantendrá los suelos de León levantados durante años y afectará gravemente al tráfico, el ruido y la habitabilidad de la zona”.
Señalamientos al alcalde y al consejero Suárez-Quiñones
La Plataforma León Sur pone en evidencia la “contradicción” del alcalde José Antonio Díez, recordando que en el pasado calificó a Somacyl como la “caja B de la Junta de Castilla y León”, mientras que actualmente mantiene inversiones municipales en la misma entidad. Parte de la subvención del proyecto, añaden, ya se ha destinado a obras de adoquinado en la Calle Ancha, el entorno de la Catedral y Botines, ejecutadas por la empresa pública.
En el plano político, el colectivo considera “inaceptable” la implicación del consejero leonés Suárez-Quiñones, al que atribuye “una gestión desastrosa del territorio y de los incendios que arrasaron gran parte de la provincia este verano”. Según sus portavoces, “tras dejar arder nuestros montes, ahora pretende que León vuelva a arder desde dentro, con una planta que quemará residuos y convertirá sus cenizas en el aire que respiramos”.
La Plataforma promete seguir hasta paralizar el proyecto
El colectivo vecinal asegura que continuará su lucha en todos los frentes legales, administrativos y sociales para frenar la construcción de la macroplanta. “La admisión a trámite de esta segunda demanda demuestra que la justicia está empezando a escuchar lo que el Ayuntamiento y la Junta se niegan a oír: que León no quiere ser el vertedero energético de Castilla y León”, sostienen.
Con esta resolución judicial, la Plataforma reafirma su compromiso de defender los barrios del sur de León frente a un modelo que considera “insostenible y opaco”, y reitera su determinación de seguir adelante hasta conseguir la paralización definitiva del proyecto.
