El peaje del Huerna costará al Estado casi 700 millones de euros en bonificaciones para la concesionaria
La Comisión Europea abrió en 2021 un procedimiento para analizar la legalidad de la prórroga de la concesión de la AP-66 tras una denuncia del entonces diputado de Podemos, Daniel Ripa.
En abril de 2024 concluyó que la operación vulneraba una directiva comunitaria y trasladó al Gobierno español un primer aviso. En julio de este año fue más allá, declarando probada la irregularidad y reclamando medidas para restituir la legalidad.
El Principado reacciona con retraso
La Junta General pidió en junio de 2024 al Ejecutivo autonómico que se implicara activamente en el proceso y encargara un informe jurídico y económico sobre la anulación del contrato.
Sin embargo, el Principado solo anunció la contratación de un estudio en agosto y esta misma semana el presidente Adrián Barbón confirmó que se contará con un equipo de especialistas en derecho administrativo. El análisis debería estar listo antes de final de año para remitirlo a Bruselas.
Un papel limitado en la UE
Los expertos advierten de que Asturias no es parte del procedimiento abierto en la Comisión, por lo que su informe no será vinculante.
Además, el tiempo juega en contra: Bruselas estudia ya la negativa del Gobierno central a aceptar la irregularidad y podría elevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE antes de que llegue el documento asturiano.
El espejo gallego
La estrategia contrasta con la de Galicia. Allí, el Parlamento aprobó en junio de 2024 encargar un estudio sobre la AP-9, que la Xunta adjudicó a la consultora Eptisa por 14.808 euros. A ese análisis se sumó otro de la Universidad de La Coruña a petición del BNG.
Ambos trabajos han servido para plantear alternativas jurídicas y estimaciones de costes con las que presionar políticamente al Ministerio de Transportes.
El coste del rescate
En el caso del Huerna, no existe una cifra oficial sobre cuánto costaría asumir la concesión. Las estimaciones históricas oscilan entre 120 y 1.500 millones.
Los últimos datos de la Delegación del Gobierno en Sociedades Concesionarias sitúan la amortización pendiente en 369 millones y el lucro cesante hasta 2050 en 52,4 millones, lo que daría un rescate teórico de 421,4 millones.
¿Más barato rescatar que pagar bonificaciones?
Mientras tanto, el Ministerio de Transportes calcula que mantener el peaje supondrá 673,9 millones en bonificaciones a usuarios frecuentes y transportistas hasta 2050, según informa el diario El Comercio. La concesionaria Aucalsa prevé ingresar en ese mismo periodo cerca de 2.000 millones.
En Galicia, un informe del Consejo de Estado ya advirtió que en situaciones similares podía resultar más ventajoso rescatar la concesión que financiar descuentos durante décadas.
Mientras esta batalla por la liberación del Huerna se sigue con más tibieza en Castilla y León donde el ejecutivo solo se ha sumado a las iniciativas de Asturias sin emprender iniciativas.
