Los brigadistas forestales cargan contra la Junta: “Basta ya de este funesto modelo de operativo”
La Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL) ha roto su silencio con un comunicado demoledor en plena ola de incendios que asola la comunidad. Denuncian “terribles deficiencias” en avituallamientos, condiciones indignas de descanso y jornadas interminables, mientras “los responsables políticos tienen el privilegio de dormir en una cama”.
Los brigadistas aseguran sentirse abandonados por un modelo que califican de “funesto” y que, afirman, los está llevando a la extenuación: “Basta ya de este funesto modelo de Operativo de Lucha contra Incendios”, comienza el escrito.
Exigen destituciones inmediatas
La asociación reclama la salida de los máximos responsables de la política forestal de la Junta. “Exigimos la destitución inmediata del Director General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la JCyL, José Ángel Arranz Sanz, y del Consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, cuyas dramáticas consecuencias estamos viviendo todos los castellanos y leoneses en las últimas semanas”.
Los brigadistas recuerdan que tras los grandes incendios de Navalacruz (2021) y de la Sierra de la Culebra (2022), con cuatro víctimas mortales —entre ellas un compañero—, no se emprendió “ningún cambio sustantivo en la gestión forestal ni en el operativo”.
Precariedad laboral y vacantes sin cubrir
En el comunicado, ATIFCYL denuncia que la Junta mantiene a sus profesionales en “creciente precariedad e inestabilidad” y que en julio de 2025 “un 30 % de las vacantes están sin cubrir” por la “comprensible huida del maltrato laboral”.
La organización critica además que la Consejería de Medio Ambiente ha dilapidado recursos pese a disponer de un presupuesto cinco veces mayor que en 2022: “Han gastado en alquiler de autobombas con un sobredimensionado coste, en el desmantelamiento de torres de vigilancia, en compras de tablets y cámaras inútiles, y en kits intragables de avituallamientos a base de sales solubles y cacahuetes”.
Privatización y falta de un plan de prevención
ATIFCYL recuerda que “más del 60 % de los bomberos forestales en Castilla y León están contratados por 35 empresas privadas”, un modelo que consideran inviable. “Este servicio esencial tiene que ser 100 % público, profesional y con condiciones laborales dignas. Por la misma razón que los bomberos urbanos no son contratados por Tragsa o por cualquier empresa privada”.
La asociación advierte de que, pese a las lecciones de los incendios pasados, “no hay un verdadero plan de prevención ni una planificación acorde a las necesidades actuales de nuestro territorio”.
Críticas a los sindicatos mayoritarios
El comunicado también apunta a CCOO y UGT por su papel en la Mesa del Diálogo Social de 2022: “Fuimos traicionados cuando firmaron un Acuerdo que daba carta blanca a la Junta de Castilla y León para aumentar la privatización del operativo, mantener la precariedad y destruir el empleo de más de la mitad de los vigilantes de incendios en toda Castilla y León”.
Una llamada a la sociedad
ATIFCYL concluye con un mensaje directo a la ciudadanía: “Queremos llamar la atención de todas y todos los castellanos y leoneses para que unan su voz a la nuestra exigiendo con rotundidad estas imprescindibles destituciones, la reversión de las privatizaciones y el uso eficiente de los fondos públicos”.
Y advierten: “Es urgente constituir un operativo 100 % público y profesional de bomberos forestales en Castilla y León todo el año. La prevención y la extinción de incendios no puede esperar más”.
El comunicado se cierra con una promesa que suena a juramento colectivo: “Con el mismo empeño que nos enfrentamos a los incendios, continuaremos nuestra lucha hasta que lo consigamos, por amor y respeto a nuestra tierra y a nuestros vecinos”.
