El PSOE de Quintana del Castillo denuncia una década de incumplimiento en la gestión del agua

El Grupo Municipal del PSOE de Quintana del Castillo ha salido al paso de las críticas surgidas por la aplicación de la tasa por el abastecimiento domiciliario de agua potable, asegurando que "se trata del cumplimiento de una ordenanza aprobada en 2011 y hasta ahora incumplida por el propio Ayuntamiento", señalan.

En un comunicado dirigido a los vecinos y vecinas del municipio, los socialistas afirman que la puesta en marcha del cobro no responde a una iniciativa de la oposición, como ha señalado el equipo de gobierno, sino a una obligación legal. “Queremos dejar claro que esta medida no ha sido promovida por la oposición, sino que responde al cumplimiento obligado de una ordenanza aprobada en el año 2011 y hasta ahora incumplida por el propio Ayuntamiento”, asegura el grupo.

Una ordenanza en vigor desde 2011

La tasa fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento el 15 de diciembre de 2011, junto con su Ordenanza Fiscal y el Reglamento del Servicio. Según el PSOE, durante más de una década, "los sucesivos equipos de gobierno no aplicaron la normativa", lo que permitió un consumo “gratuito, sin control y, en muchos casos, sin las garantías sanitarias mínimas”.

“Este incumplimiento ha supuesto una dejación de funciones y podría rozar la prevaricación”, advierten los socialistas, quienes añaden que en 2024 presentaron un escrito solicitando la aplicación de la ordenanza. Ante la falta de respuesta por parte del gobierno local, acudieron al Procurador del Común, que resolvió a favor de su postura, instando al Ayuntamiento a cumplir con la normativa sin más demora.

El PSOE denuncia intentos de manipulación

Desde el PSOE denuncian que se está intentando responsabilizarles del cobro de la tasa y del aumento del gasto municipal, cuando, a su juicio, “por primera vez en muchos años, se está prestando el servicio con las garantías que exige la ley: control sanitario, mantenimiento, cloración y gestión técnica”.

También han desmentido algunas afirmaciones vertidas en los plenos municipales, como que clorar el agua sea “echar lejía”. “Se trata de un proceso controlado y obligatorio para garantizar que el agua sea potable y segura. Hasta ahora, solo cuatro de los 13 pueblos del municipio contaban con este tratamiento”, explican.

El Grupo Municipal Socialista insiste en que su actuación "responde a la defensa de la legalidad, el interés general y la salud pública. Aplicar la ordenanza del agua no es una decisión política, sino una obligación legal", subrayan.

Por último, han pedido responsabilidad al equipo de gobierno y han mostrado su compromiso con una gestión basada en la “transparencia, el rigor y el respeto a la ciudadanía”.