Asturias planta cara al Gobierno por el peaje del Huerna y prepara una ofensiva judicial
El mantenimiento del peaje del Huerna (AP-66), que conecta Asturias con León y da permeabilidad a la meseta, ha provocado una respuesta inédita en todo el Principado: unanimidad política, sindical y social contra la decisión del Gobierno central. El consejero de Movilidad asturiano, Alejandro Calvo, será el encargado de coordinar la estrategia desde la recién creada Alianza por las Infraestructuras, que hoy celebra su primera reunión. Entre las medidas en estudio figura una gran movilización ciudadana.
La Junta General del Principado ya aprobó la pasada semana, con el apoyo de todos los grupos, varios acuerdos contrarios a la decisión del Ministerio de Transportes, reforzando así un frente común que reclama la supresión inmediata del peaje.
Un movimiento común, activo y solidario que contrasta con la parálisis de Castilla y León, donde tan solo existe una suma a iniciativas de terceros sin incentivar planteamiento alguno que permita la unión de leoneses y asturianos.
Dictamen europeo y origen de la polémica
La controversia se remonta al año 2000, cuando el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos (PP), aprobó la prórroga de la concesión por 29 años en la AP-66 y 25 en la AP-9 gallega. La operación se realizó sin licitación ni publicación a nivel europeo, y ambas autopistas fueron posteriormente vendidas a empresas privadas.
En 2021, una denuncia presentada por el exdiputado de Podemos, Daniel Ripa, llevó a la Comisión Europea a investigar el caso. Cuatro años después, en julio de 2025, Bruselas dictaminó que la prórroga era “ilegal” y exigió a España que corrigiera la situación. El Ejecutivo comunitario otorgó dos meses de plazo para actuar, pero el Gobierno de Pedro Sánchez optó en septiembre por mantener los peajes, argumentando razones económicas ligadas al elevado coste de un posible rescate.
Camino judicial hacia Luxemburgo
El caso podría terminar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si la Comisión decide presentar una demanda en las próximas semanas. Este proceso judicial, advierten los expertos, podría prolongarse entre dos y tres años, lo que supondría que los asturianos tendrían que seguir pagando el peaje, al menos, hasta 2028.
En paralelo, desde Asturias se buscan fórmulas paliativas. El diputado de Foro, Adrián Pumares, propuso ampliar las bonificaciones estatales vigentes, mientras que UGT plantea exigir la gratuidad total de la autopista, como ya se hizo en el transporte de Cercanías ante el deterioro del servicio ferroviario.
Una batalla con trasfondo económico
El mantenimiento de los peajes del Huerna y de la AP-9 en Galicia no se explica solo por la resistencia política, sino también por el coste económico de revertir la concesión. El rescate podría alcanzar cifras millonarias, lo que el Ejecutivo central considera un obstáculo insalvable en el corto plazo.
Mientras tanto, la presión en Asturias crece. Gobierno, oposición, sindicatos y empresarios coinciden en que la continuidad del peaje es un “agravio” frente a otras comunidades y reclaman una solución que no condene al Noroeste peninsular a seguir pagando por sus principales vías de comunicación.
