El informe elaborado por la Guardia Civil evidencia que Cerredo era una gran trampa mortal, "un chamizo" para extraer carbón de una forma ilegal
Este viernes, el diario El Comercio ha publicado por primera vez imágenes del interior de la explotación minera de Cerredo, escenario de la explosión que costó la vida a cinco trabajadores el pasado 31 de marzo. Las fotografías muestran una galería horadada por numerosos huecos de extracción, tan estrechos que obligaban a los mineros a desplazarse reptando para arrancar el carbón, que después descendía por rampas improvisadas hasta las vagonetas.
El material gráfico respalda punto por punto las conclusiones de los informes judiciales y de la Guardia Civil que Heraldo de León publicó semanas atrás: un sistema de trabajo extremadamente precario y una estructura con alto riesgo de derrumbe.
Lo que revelan las fotografías
Las secuencias evidencian la existencia de múltiples cavidades de apenas setenta u ochenta centímetros de anchura, algunas con longitudes superiores a los veinte metros. Los especialistas del Laboratorio de Criminalística alertan de que la galería presentaba una estabilidad muy comprometida y que cualquier vibración podía provocar un colapso total.
En el tercer nivel de la mina fue donde murieron David Fernández, Amadeo Augusto Suárez, Iban López, Jorge Martínez y Rubén José García, víctimas de una deflagración de grisú. La entonces consejera asturiana Belarmina Díaz describió el lugar como un espacio con “condiciones indignas”, una apreciación que las imágenes ahora hacen visible con crudeza.
Advertencias ignoradas
Tras levantarse el secreto de sumario por el juzgado de Cangas del Narcea, han salido a la luz testimonios que refuerzan esa visión. Un minero superviviente declaró que el detector de gases comenzó a emitir señales de alarma segundos antes del estallido: el oxígeno había caído por debajo del 18% y el metano superaba el 5%. Al intentar advertir a sus compañeros, vio avanzar una bola de fuego que precedió a la explosión.
Los equipos de rescate localizaron junto a uno de los cuerpos un detector MSA ALTAIR 4X apagado y sin pinza de sujeción, incumpliendo la normativa de seguridad que obliga a llevarlo operativo durante toda la jornada.
Actividad sin permiso
La investigación sostiene que la extracción de carbón se realizaba sin autorización administrativa desde hacía meses. Algunos empleados situaron el inicio de estas labores ilegales entre uno y seis meses antes del accidente. En la galería se hallaron además mecheros y teléfonos móviles, objetos expresamente prohibidos en atmósferas con riesgo de explosión.
Según la Guardia Civil, uno de los fallecidos, identificado como I. R. B., ejercía funciones de vigilancia y debía haber evitado la entrada de estos elementos.
Inspecciones bajo sospecha
El sumario recoge también dudas sobre el control administrativo. Varios trabajadores señalaron que la última inspección oficial tuvo lugar medio año antes del siniestro, con aviso previo y una visita de apenas media hora. Uno de ellos aseguró que los responsables “agilizaban las inspecciones con comidas de cortesía”.
Responsabilidades penales
El procedimiento judicial apunta al empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes; a su esposa, Ana María Rodríguez; a su hijo, Adrián Rodríguez, y al ingeniero responsable, José Antonio Rodríguez Casillas. La magistrada les atribuye cinco presuntos homicidios por imprudencia, delitos de lesiones y vulneración de los derechos de los trabajadores.
Las imágenes difundidas ahora refuerzan la tesis de que la tragedia no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un modo de explotación al margen de la legalidad y de las normas básicas de seguridad, tal y como ya advertían los informes adelantados semanas atrás.
