El PP pide a Quiñones que no acuda a La Encina, cree que es "un problema" y espera que el paso del tiempo "alivie su delicada situación"
La figura de Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y presidente de la gestora provincial del PP leonés, atraviesa uno de sus momentos más críticos.
Según fuentes populares consultadas por Heraldo de León, el partido ha pedido al consejero que no acuda a actos institucionales tan simbólicos como La Encina en Ponferrada, al considerarlo “un problema” político cuya presencia puede “tensar aún más” a la sociedad. La estrategia, admiten en privado, es esperar a que “el paso del tiempo alivie su delicada situación”.
“Ahora mismo su cese no está encima de la mesa, pero todo dependerá de la evolución de los acontecimientos. Políticamente está quemado, pero se medirán los tiempos”, remarcan las mismas fuentes
Gestión forestal bajo sospecha
El incendio de Las Médulas y los devastadores fuegos de León y Zamora han colocado a Suárez-Quiñones en el ojo del huracán. Su gestión previa -abiertamente cuestionada por brigadistas y alcaldes-, unida a sus polémicas declaraciones tras permanecer en una comida en Gijón mientras las llamas se disparaban -“tenemos la mala costumbre de comer”, llegó a decir-, han provocado una cascada de críticas sociales y políticas.
La hemeroteca ha rescatado además unas declaraciones de 2018 en las que calificó de “absurdo y despilfarro” mantener activo el operativo contra incendios todo el año, una idea contraria a la actual política de prevención. Los brigadistas y la oposición política ha pedido en los últimos días de forma reiterada su dimisión.
El conflicto de la biomasa: vecinos contra la Junta
Pero las polémicas se concentran en la figura de Suárez-Quiñones. La Plataforma de Vecinos León Sur mantiene un pulso con el consejero por la planta de biomasa que acompaña a la red de calor en los barrios de Puente Castro y La Lastra. Los residentes, encabezados por Ruth Sanz, rechazan los argumentos de Suárez-Quiñones sobre las supuestas ventajas medioambientales y económicas del proyecto de 70 millones de euros.
Los colectivos denuncian que las emisiones de CO2 serán “similares o mayores que las actuales” y que las obras de canalización de 65 kilómetros supondrán un “trastorno insoportable” para la ciudad. Además, retan al consejero a firmar compromisos patrimoniales si los ahorros prometidos a los vecinos no se cumplen, y exigen estudios de impacto sanitario que, según recalcan, “no existen”.
La polémica no tiene fin. La Junta (el mismo Suárez-Quiñones) ha rechazado una licencia del proyecto por defectos de forma y ha retirado el proyecto de biogás en la misma planta. Aún así, mantiene el proyecto frente al rechazo social. En septiembre regresarán las manifestaciones.
La sombra del macrovertedero y la relación familiar
Y más polémicas. Suárez-Quiñones firmó en julio y agosto la autorización de un macrovertedero de residuos industriales peligrosos en San Justo de la Vega a favor de un grupo empresarial vinculado al asturleonés Macario Fernández, presidente de Asturiana de Laminados.
En esa compañía figuraba como directivo, al menos hasta 2021, el hijo menor del consejero. La información, adelantada este miércoles por el diario ileon.com, compromete abiertamente al consejero.
Pese a que tanto Fernández como el propio Suárez-Quiñones han minimizado su papel hasta compararlo con el de “un becario”, la documentación oficial de la empresa lo señalaba como “Alto Directivo” y responsable del departamento jurídico en un folleto regulado por la CNMV en el marco de una emisión de deuda de 50 millones de euros.
La Ley 3/2016 de Altos Cargos de Castilla y León obliga a la abstención en casos de conflicto de intereses familiares, lo que ha alimentado las dudas sobre si el consejero vulneró esta normativa al firmar las autorizaciones.
Parque Tecnológico de León: expropiaciones en los tribunales
Y más polémicas. El proceso de ampliación del Parque Tecnológico de León, con una inversión superior a los 14,6 millones de euros, ha generado otra tormenta política. Los propietarios de los terrenos expropiados —250.917 metros cuadrados— denuncian el precio fijado inicialmente fijado en 1,02 euros en una zona donde hace más de una década se llegaron a pagar por encima de los 40 euros.
En la zona hay dos grandes tenedores, Maderas Bodelón S.L. (84.812 m²) y Desarrollo de Espacios Inmobiliarios S.A. (41.399 m²), junto al Ayuntamiento de León (23.876 m²) y vecinos de Armunia y Oteruelo. Estos últimos han iniciado una demanda colectiva para exigir un “precio justo” y la paralización de las obras promovidas por la empresa pública Somacyl. Los afectados no descartan llegar al Tribunal Europeo al considerar vulnerado su derecho de propiedad.
“Esto no es desarrollo, es un atropello”, denuncian. “En estos terrenos se va a enterrar la carrera de algún político”, llegaron a asegurar en la antesala de la demanda, tramitada por un bufete de Burgos.
Un consejero debilitado, un partido dividido
El cúmulo de controversias ha debilitado gravemente a Suárez-Quiñones dentro y fuera del Partido Popular. Aunque el presidente Alfonso Fernández Mañueco insiste en su apoyo, lo cierto es que ha relegado al consejero de Medio Ambiente en la gestión de la ola de incendios y ha asumido personalmente las comparecencias públicas.
La oposición, encabezada por el PSOE y respaldada por plataformas vecinales y ecologistas, reclama su dimisión inmediata. Mientras tanto, en el PP leonés crece el temor a que las polémicas de su dirigente provincial se conviertan en un lastre electoral de cara a los próximos comicios.
